Por APEMADRID (Asesoría Profesional de Empresas).
El Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida que se pretende definitivo, contundente, severo. Las necesidades financieras de todas las administraciones del Estado hacen imprescindible que los aumentos impositivos decretados por el nuevo Gobierno se complementen con una mayor severidad en la persecución de las actividades que defraudan al Tesoro Público.
Por ello, es posible que en los próximos meses se vean incrementadas de forma importante las inspecciones tributarias.
» Es bueno conocer, por ejemplo, que un 6% de los recursos de la Agencia Tributaria van a dedicarse a la lucha contra el fraude.
» Se van a limitar las operaciones en metálico en las que intervengan empresarios o profesionales a 2.500 euros, siendo obligatorio que las de importe superior se instrumenten a través de cheque, transferencia o tarjeta.
» Quedarán excluidos del régimen de módulos aquellos empresarios que tengan entre sus clientes un porcentaje de particulares inferior al 50%, y que superen los 50.000 euros anuales de facturación.
» Se pretende declarar la imprescriptibilidad de las rentas no declaradas, que al descubrirse se imputarían automáticamente al último ejercicio no prescrito.
» Se endurecerán las sanciones por obstrucción o resistencia a las actuaciones de la inspección de tributos.
Paralelamente, y como medio de advertir al contribuyente y al propio tiempo como forma de transmitir la idea de que se cierra una etapa y se abre otra de mayor severidad, hasta el 30 de noviembre aquellos contribuyentes que estimen que no han declarado en algún momento algún tipo de ingreso o bien en el impuesto sobre la renta o en el de sociedades, disponen de un plazo para aflorar dichos bienes o ingresos con una tributación del 10% sobre lo aflorado, con exclusión de cualquier recargo, sanción o interés.