"No importa cuánto hablen los políticos
de solidaridad: jamás la tienen para con
los contribuyentes".
Thomas Sowell, pensador y economista
liberal norteamericano (1930).
El gobierno de España aprobó el pasado 29 de abril un plan para luchar contra el empleo sumergido. El plan contempla que, a partir de agosto, se refuercen las sanciones contra empresarios y trabajadores defraudadores y se concentre la actuación de la Inspección de Trabajo sobre la economía sumergida. Las sanciones por incumplir el alta en la Seguridad Social pasan de los 626 a 6.250 euros de ahora a los 3.126 a 10.000 euros a partir de agosto.
Según el estudio Cuadernos de Información Económica de la Fundación de las Cajas de Ahorros, la economía sumergida mueve en España un 17% del PIB y ocupa a más de cuatro millones de trabajadores. Hace pocos días el Círculo de Empresarios presentó su Libro Marrón con el título Implicaciones de la economía sumergida en España, donde se destaca que la economía sumergida perpetúa situaciones de injusticia, abuso y explotación. Por estas razones, los sindicatos CCOO y UGT exigieron el pasado uno de mayo más firmeza por parte del Gobierno contra la economía sumergida.
Sabemos que la economía sumergida está presente en todos los sectores. En peluquería, además del elevadísimo grado de intrusismo, existe un alto porcentaje de economía sumergida. Lo podemos encontrar en servicios cobrados y no declarados; servicios a domicilios tanto por profesionales como por personas no dadas de alta en el ramo; en personal contratado pero no dado de alta en la Seguridad Social o en ciertas “academias” que no son más que peluquerías encubiertas sin costes fiscales o sociales.
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