La Agencia Tributaria ha puesto en marcha, con fecha de 17 de octubre de 2019 una gran operación en las 15 comunidades autónomas de régimen común contra el fraude fiscal en el sector de la cirugía estética y la dermatología. La operación, denominada 'Nassus', implica el inicio de inspecciones a 90 sociedades y 70 personas físicas, fundamentalmente médicos especialistas y de la estética, pero también personas de su entorno personal y familiar, mediante la personación de funcionarios del área de Inspección de la Agencia a lo largo de esta jornada en 92 clínicas de este sector.
El dispositivo desplegado afecta a locales situados en Andalucía (12), Aragón (4), Asturias (2), Baleares (3), Canarias (6), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (4), Castilla y León (3), Cataluña (16), Extremadura (1), Galicia (10), Madrid (11), Murcia (3), La Rioja (1) y Comunidad Valenciana (15).
La operación 'Nassus' ha sido coordinada por el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, contando con la participación de 370 funcionarios del área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, las UAI, así como el apoyo de agentes policiales y de 79 funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria.
Antecedentes
La operación iniciada el pasado día 17 de octubre, y que continuará a lo largo de los próximos meses con el propio desarrollo de las inspecciones que ahora comienzan, surge de un análisis pormenorizado de los resultados de una serie de comprobaciones realizadas en los últimos años en distintos puntos del territorio nacional a sociedades y profesionales del sector de la cirugía estética y la dermatología, sumado a la obtención de nueva información sectorial con relevancia tributaria.
Hay que tener en cuenta, además, el fuerte crecimiento registrado por el sector en los últimos años, España ocupa el duodécimo puesto en el ranking mundial de intervenciones de estética, el cuarto de Europa, con cerca de 400.000 intervenciones al año.
El uso del efectivo entre los inspeccionados está claramente extendido. Muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas afectadas por la operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.El análisis realizado por los investigadores de la Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de un importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados, ocultación que se veía favorecida por el uso de efectivo como principal medio de pago.
En algunos casos, incluso, y a pesar de las elevadas sumas que llegan a abonarse para sufragar las operaciones, por ejemplo, de cirugía estética, los profesionales ni siquiera admitían el pago con tarjeta bancaria, algo que los investigadores de la Agencia temen que se reproduzca en varios de los locales ahora inspeccionados.
Así, la experiencia acumulada hizo aconsejable la realización de la presente actuación coordinada a nivel nacional, al objeto de acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente en las clínicas y consultas, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información.
Efectivo y cajas fuertes
Para la selección de las sociedades y personas físicas objeto de los registros e inspecciones, la Agencia tuvo en consideración una serie de ratios económicas (algunas de las sociedades llegaban a declarar pérdidas en los últimos años, mientras sus socios y administradores -los profesionales- mostraban claros signos externos de poder adquisitivo no acordes con esa situación económica de la sociedad).
El análisis realizado por los investigadores de la Agencia Tributaria puso de manifiesto la existencia de un importante volumen de ocultación de la actividad económica real en las sociedades y especialistas inspeccionados.Al mismo tiempo, para un uso tan extendido del efectivo como medio de cobro, que lógicamente dificulta la trazabilidad de las operaciones, los profesionales contaban con la ventaja de una característica común a la mayoría de sus clientes: son particulares sin derecho a la deducción de gasto alguno por los tratamientos recibidos.
Por la información de la que dispone la Agencia, algunos de los profesionales ahora inspeccionados no hacían ningún cobro con tarjeta: todo era en efectivo o, en menor medida, por transferencia. En otros casos, en cambio, el porcentaje de cobro con tarjeta era especialmente elevado, lo que podría poner de manifiesto la ocultación de parte de los ingresos en efectivo.
De cualquier forma, y con independencia de la distinta proporción de los medios de cobro empleados en cada local, el uso del efectivo entre los inspeccionados está claramente extendido. Muestra de ello es que un 40% aproximadamente de las personas físicas afectadas por la operación cuentan con cajas fuertes de su propiedad.
Efecto disuasorio
Durante las comprobaciones que ahora comienzan, se regularizarán las cuotas tributarias que correspondan, tanto en IVA como en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, analizando la posible interposición de sociedades en el proceso de facturación de las operaciones, así como las consecuencias fiscales derivadas de ostentar, en su caso artificialmente, la titularidad de activos y patrimonios de uso personal a través de estructuras societarias.
Pero, además de facilitar la detección y regularización del fraude fiscal, operaciones sectoriales coordinadas como la que ahora comienza persiguen adicionalmente dos objetivos de interés para la Agencia Tributaria. Por un lado, contrastar con hechos y pruebas el funcionamiento del sector, disponiendo de información sobre las ratios económicas reales, la estructura de costes, los medios de cobro, etc.; por otro, transmitir un mensaje disuasorio a los colectivos involucrados en estas prácticas, que no solo tienen impacto en las arcas públicas, sino que también distorsionan gravemente la competencia en el propio sector, de manera que se logre reconducir su comportamiento hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias.
Con estos objetivos la Agencia ha desarrollado en los últimos años un total de 17 macrooperaciones sectoriales coordinadas a nivel nacional (sin contabilizar aún la operación Nassus), con más de 1.600 expedientes iniciados, de los cuales se han finalizado ya más de 1.100, con un importe total liquidado de 258 millones de euros. La Agencia prevé hacer un seguimiento del comportamiento de estos contribuyentes en los años posteriores a las inspecciones.