El reglamento, que sustituye al del año 1997, prohíbe a los agentes hacerse tatuajes visibles y teñirse el cabello con tonos que alteren la prevalencia de la uniformidad o desdigan de la corrección del aspecto. Por si no fuera suficiente, los hombres solo podrán llevar barba o bigote, si han pedido permiso con anterioridad, y las mujeres únicamente podrán lucir maquillajes discretos, en cuanto a formas y colores. El consistorio tinerfeño aprobó este reglamento interno a mediados del pasado mes de enero.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el pasado 9 de enero, limita la imagen de los efectivos, algo que no ha sentado nada bien a los sindicatos de los mismos. Los agentes no podrán usar adornos personales estridentes o que pongan en peligro su seguridad o la de terceros. Asimismo, se prohíbe expresamente el uso de colgantes, piercings o cualquier otro adorno durante la prestación del servicio que pueda suponer un riesgo físico, impedir o dificultar cualquier actuación policial. Y sobre todo, que ponga en entredicho la imagen del cuerpo policial. En cuanto a los tatuajes, los policías tampoco deberán mostrar ninguno de ellos en zonas visibles. En el caso de que ya se hayan hecho alguno, lo deberán cubrir con mallas, medias, maquillajes u otro elemento del tono de la piel.
Respecto al cabello de las agentes femeninas, el reglamento insiste en que se debe recoger si sobrepasa la altura de los hombros. En el caso del personal masculino no podrá superar, en longitud, la parte inferior del cuello de la camisa y no deberá cubrir las orejas. En caso contrario, se deberá recoger, como hacen las féminas. Asimismo, los agentes que se dejen barba o bigote, previa autorización de sus superiores, no deberán superar los dos centímetros.
Las primeras reacciones al reglamento no han tardado en llegar. Desde Comisiones Obreras han denunciado que se ataca la libertad de imagen de los efectivos. El sindicato ya ha presentado más de 30 alegaciones contra la nueva normativa. Hasta la fecha el consistorio no ha dado su versión ante las reclamaciones presentadas. Por su parte, el sindicato no descarta denunciar el reglamente ante los tribunales, si fuera necesario.